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El famoso motín de Devoto

Por Ludmila Guerzoni -


El 24 de abril, en medio de la pandemia de COVID-19 que dejó al mundo congelado de respuestas, la población de la cárcel de Devoto hizo un motín con un mensaje claro y conciso para la sociedad. Elles no reclamaban el fin de sus condenas, sino ser escuchades y hacer cumplir su derecho a no morir en un penal debido a la total ausencia de medidas de seguridad e higiene fundamentales para el control y la prevención del contagio.


El primer mensaje que se difundió e imprimió en todas las pantallas fue el de una bandera realizada por les preses para comunicar lo que sucedía en el penal: ”Nos negamos a morir en la cárcel”. Días antes se había dado a conocer el resultado positivo por COVID-19 de un agente penitenciario y la población demandaba que se aplicara el protocolo correspondiente. Esta fue la única manera de hacerse escuchar. Según la OMS, “habida cuenta del hacinamiento que se produce en muchos centros de detención [...], queda claro que no basta con aplicar una respuesta sanitaria para la COVID-19 en esos entornos. El hacinamiento supone un obstáculo infranqueable a la prevención, preparación y respuesta ante esta enfermedad”.

Fotografía intervenida por María Emilia Giordano -

Naturalmente, los medios hegemónicos de comunicación instalaron un discurso erróneo tergiversando los hechos y demonizando a la población carcelaria, generando en la opinión pública que el resultado de garantizarles derechos básicos a les recluses sería la liberación masiva de convictes con condena firme. En pocas palabras, le infundieron miedo a la población, añadiendo leña al fuego del pánico colectivo causado por la situación inaudita que se está dando a nivel global. Ahora, a causa de la manipulación mediática, les recluses también se transformaron en una nueva amenaza para la sociedad.


Luego de que los medios generaron este pánico colectivo, hubo un cacerolazo en toda la Ciudad de Buenos Aires. La gente hacía ruido desde sus balcones, patios y en la calle, con aire de acierto. Así, se hicieron visibles algunas de las miserias presentes en ciertos sectores de la sociedad, ya sea por convicciones políticas reprochables o por falta de conocimiento e información. Mucha gente, influenciada por las voces mediáticas y repitiendo discursos vacíos de realidad, se olvidó de la importancia de asegurar el cumplimiento de los derechos humanos a cualquier persona, y exigieron un trato denigrante hacia la población carcelaria. Simultáneamente, las familias de les recluses pedían verles para entregarles comida y algunos productos de limpieza, con preocupación e incertidumbre.


Luego del conflicto social y los cacerolazos, las tensiones se fueron despejando gracias a las declaraciones de funcionarios, que afirmaron que ningún preso quedaría en libertad, solo evaluarían la prisión domiciliaria para quienes estén imputades por delitos menores o con condenas ya casi cumplidas, siempre y cuando no sean delitos de carácter violento.


Luego de una mesa de diálogo de la que participó el Gobierno Nacional, el Servicio Penitenciario y les representantes de los pabellones involucrados, se llegó a un acuerdo para que les preses tengan las herramientas básicas para cuidar su salud.

El 11 de mayo en la Unidad Penal N° 1 de Corrientes se registró un récord de contagios: en un día hubo 23 nuevos infectados. Organizaciones como El CELS reclaman que la gravedad de la crisis sanitaria en las cárceles exige medidas diligentes y urgentes y que las discusiones judiciales se den con seriedad en el marco de las leyes vigentes. Se deben determinar reglas claras que contemplen que las medidas de higiene y distanciamiento social son imposibles en la situación de sobrepoblación y hacinamiento extremos de las cárceles.


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