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Uruguay: pionero en cupo laboral trans

Por Sasha Pilarczyk -


Las personas trans, en el carácter de minoría y desamparo en que se encuentran, son uno de los grupos más vulnerados y discriminados de la sociedad. Tienen una esperanza de vida muy baja, que no alcanza los 40 años. Los diferentes Estados históricamente no ha promovido ninguna política tendiente a la equidad, haciendo que continúen en su situación de desprotección.


Con el auge de los nuevos movimientos sociales, esto empezó a cambiar, aunque gradualmente; y más tarde que temprano, se le han reconocido a dicho colectivo derechos que ha reclamado incansablemente. Porque el Estado no crea derechos, sino que los reconoce: no por no estar contempladas por una jurisdicción dejan las personas trans de ser sujetos de derecho.


En el año 2009 en Uruguay se sancionó una ley de identidad de género (Ley 18.620). Sin embargo, dicha ley era bastante escueta, ya que como su nombre lo indica estaba limitada al cambio de nombre y sexo en los documentos identificatorios.


Si bien esto no es un paso menor, es claramente insuficiente el reconocimiento del derecho al desarrollo de la propia personalidad independientemente del sexo.

Era necesaria una ley que contemplara los derechos sociales y culturales de las personas trans, para que puedan ser completamente incluidas en la comunidad. Así, en agosto de 2018, el Parlamento de Uruguay aprobó la Ley Integral de Personas Trans (Ley N° 19.684). Además de garantizar derechos de primera categoría, dicha ley significó un reconocimiento y una reparación social, histórica y cultural al colectivo trans.


Así, derogando la ley 18.620, proclama en sus 24 artículos los siguientes cambios: por un lado, además de reconocer el derecho de la persona a ser identificada de la forma en que esta se reconozca, declara de interés general la promoción e implementación de políticas públicas dirigidas a las personas trans, que han sido históricamente víctimas de discriminación y estigmatización.


Asimismo, suma el concepto de identidad de género como categoría en sistemas nacionales de estadística, reconociendo la particularidad de este colectivo. Por otro lado tiene una gran importancia en lo que respecta a los derechos sociales ya que garantiza el acceso de las personas trans al sistema educativo. Además establece el diseño de políticas culturales de inclusión, sumando perspectiva de identidad de género en becas, fondos e incentivos, a nivel público y privado. Establece que las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de violencia institucional o  privadas de libertad por su identidad de género tendrán derecho a una reparación en casos de daño psicológico, moral o físico.

Fotografía por María Nyman -

Garantiza el derecho a servicios de salud sin discriminación o patologización por identidad de género. No se puede aplicar a personas trans derecho de admisión. Las personas mayores de 18 años tendrán acceso a servicios de salud para acompañar la transición con adecuaciones a su identidad de género, como operaciones y hormonizaciones, con el consentimiento de la persona, sin tener que pasar por trámites judiciales. 


En su artículo 12 establece que el Estado debe destinar el 1% de los puestos de trabajo que se deben llenar en el año a personas trans que cumplan con los requisitos normativos para acceder a los mismos. Así, se encomienda al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional la determinación de un cupo laboral no inferior al 1% destinado a las personas trans en los diversos programas de capacitación y calificación que implemente.

Fotografía por María Nyman -

Terminar con la vergüenza — que no es propia pero que ha sido impuesta por ideologías que se desprenden del capitalismo, del Estado y de la Iglesia — que limita a este colectivo es uno de los grandes objetivos que tenemos que proponernos si queremos construir una sociedad más igualitaria. Que las leyes que reconocen los derechos de las personas trans sean plenamente operativas y no queden solo como tinta plasmada en un papel, como tantas otras. Si queremos construir un feminismo desde las bases y popular, es imperante incluir a este colectivo en la lucha por el reconocimiento y la sanción de sus derechos.