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8 de mayo

Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional


Por Belén Durruty -


El 8 de mayo de 1987, en un bar de la localidad de Ingeniero Budge, Partido de Lomas de Zamora, el hijo de la dueña decide hacer una denuncia a la Comisaría 10 de Puente La Noria, luego de una discusión que tienen unos jóvenes con su madre. Entonces, Juan Ramón Balmaceda, suboficial mayor, junto con los cabos Isidro Romero y Jorge Miño de la Policía Bonaerense, salen en autos separados a buscar a los jóvenes implicados. Los encuentran, en la esquina de Figueredo y Guaminí, a Roberto “Willy” Argañaraz, Agustín “el Negro” Olivera y Oscar Aredes, los denunciados. Cuando Balmaceda baja y grita “al suelo, señores”, gatilla su arma reglamentaria y ese disparo desencadena una lluvia de balas, acompañadas por los tiros de la ametralladora de Romero y la 9 mm de Miño. Willy, el Negro y Oscar murieron, ese día, en manos de la Policía Bonaerense.


Este hecho, ocurrido a cuatro años del regreso de la democracia, es el que dejó en evidencia la represión policial. Es un caso claro, además, de lo que luego se empezó a llamar – y denunciar – como “gatillo fácil”. Las familias de las víctimas se organizaron y salieron a pedir justicia por los jóvenes, dando inicio a un movimiento de lucha que todos los 8 de mayo desde el 2013 se conmemora como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.

Fotografía: Defensoría del Pueblo - C.A.B.A. -

Hoy, a 32 años de la Masacre de Budge, miramos hacia atrás y vemos en el camino que las víctimas de esta violencia son jóvenes, niñes y adultes de barrios populares, trabajadorxs, activistas, gays, lesbianas, trans, travestis, y la lista continúa. Queda claro que quienes tienen que convivir con estas agresiones son los sectores marginados de la sociedad, por pertenecer a una clase determinada, por su ideología o, incluso, por su identidad. En esta oportunidad, recordaremos a la compañera Sandra Cabrera, dirigente sindical de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) de la delegación Rosario.


Sandra Cabrera, trabajadora sexual en la ciudad de Rosario, fue una referente entre sus compañeras por llevar adelante una lucha incesante para defender sus derechos como trabajadoras.

Cumplió un rol importante entre ellas por apelar a su organización y denunciar maniobras corruptas de las fuerzas de seguridad. Por estos motivos, recibió varias amenazas de muerte en su casa, pero Sandra nunca calló, siempre siguió adelante. Días antes de su muerte, había denunciado la complicidad y participación de la Policía en una red de trata de mujeres y niñas, en los alrededores de la Terminal de Ómnibus de Rosario. El 27 de enero del 2004 su cuerpo apareció con un disparo en la nuca en una de las estaciones de la terminal. AMMAR sostiene que a Sandra la mató la policía. El único imputado en la causa fue Diego Parvluczyk, oficial de la Brigada antinarcóticos de la Policía Federal, pero fue puesto en libertad por sobreseimiento. Entre sus compañeras, Sandra se convirtió en un símbolo de lucha, y hasta el día de hoy, a 15 años de su asesinato, ellas siguen pidiendo justicia.


En este recorrido iniciado, en parte, por Sandra, la organización de las trabajadoras sexuales y la puesta en evidencia de la violencia institucional ejercida hacia ellas fue creciendo. Desde hace unos años, AMMAR forma parte de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex). En este marco, han desarrollado documentos e investigaciones sobre la violencia y el abuso de poder por parte de la policía hacia las trabajadoras. Se paran como víctimas de la violencia institucional, comprendiendo a ésta como todas las “prácticas estructurales de violación de derechos, desarrolladas (por acción u omisión) por funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud, así como también operadores judiciales, en contextos de restricción de autonomía y/o libertad”.


Estos documentos, además, son un importante insumo para visibilizar que esta realidad se vive a nivel regional y el vacío legal que ha permitido que esa violencia fuera, de alguna forma, legitimada. Es decir, exponen que en la región el trabajo sexual es una actividad legal, pero que no está regulada y esto conlleva a que sea tratada con diversas normativas de acuerdo con, por ejemplo, aspectos vinculados al orden público, los valores morales que cada sociedad define, los códigos contravencionales, entre otros. La violencia hacia las trabajadoras sexuales queda expuesta, de esta forma, como una maniobra legítima.