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7 de abril: día mundial de la salud

Aborto y transexualidad.

Por Camila Pichardo y Julieta Ferrando -

En el año 1948 la Asamblea Mundial de la salud propuso el día 7 de abril para conmemorar el Día Mundial de la salud conmemorando la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A grandes rasgos se trata de acuerdos multilaterales entre países, que imparten una temática y realizan publicaciones anualmente. Pero, ¿qué tanta incidencia legislativa tiene ésta organización? ¿Cuáles son las bases y parámetros sobre los que se fundaron sus distintas ediciones? ¿Quiénes son les sujetes conformes a ser susceptibles de sus conceptualizaciones?

Ilustración por Sofia Ferran -

Pensemos por un momento en la modificación que realizó la OMS en junio del año 2018, en el mes del orgullo LGBTIQ+, cuando dejó de considerar a la transexualidad como una patología, una enfermedad, para pasar a denominarse como incongruencia, una condición. Históricamente la transexualidad fue incluida como una enfermedad al Manual de Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM) en el año 1980 y se modificó dentro de los parámetros taxonómicos pero no patologizantes, enmarcado en denominaciones como “Desorden de Identidad de Género”, más adelante, como “Disforia de Género” y luego, como “Desordenes Sexuales”. Hoy en día lo trans es enmarcado como una incongruencia de género.


¿Incongruencia en cuanto a qué? ¿Cuánto de real tiene el trasfondo de esta nueva recategorización para erradicar el homolesbobitransodio de nuestra sociedad? Si bien es un avance en cuanto a los derechos que se reivindican desde el movimiento LGTBIQ+, donde se produce una despatologización, se sigue dentro de las normas y parámetros que reivindican un sistema hetero-cis-patriarcal y medicalizan todo lo que no reproduce y reafirma sus propias reglas de juego. Pone el énfasis en normativizar los cuerpos e identidades que son “congruentes”, aquellos considerados como naturales y normales, dejando por fuera a quienes perciben su identidad de modo distinto al impuesto y se identifican en algún grado mayor o menor de incongruencia con su cuerpo.


Hablemos sobre la interrupción voluntaria del embarazo


En la actualidad, anualmente los abortos en condiciones de riesgo le cuestan la vida a miles de mujeres y personas trans. En ese sentido, las leyes restrictivas y la realización de abortos inseguros y clandestinos generan altas tasas de mortalidad y morbilidad. Quienes deciden interrumpir voluntariamente o no su embarazo enfrentan el dilema de tener que elegir entre acudir a los servicios de salud que necesiten y arriesgarse a ser denunciades ante las autoridades por haber cometido un delito. Las leyes restrictivas tienden a tener un efecto aún más perjudicial en les niñes y en les afectades por la pobreza, que poseen bajos niveles de educación y generalmente viven en zonas rurales.


La OMS señala que en los países con legislaciones que permiten el aborto bajo un modelo de amplitud en el servicio público, las complicaciones derivadas de un aborto inseguro son menores que en los lugares donde el aborto legal está más restringido.


Es obligación de los Estados generar una revisión detallada de todas las leyes, normas, prácticas y políticas públicas cuya redacción o implementación puedan tener repercusiones discriminatorias en el acceso de las mujeres y personas trans a los servicios de salud reproductiva. Su deber es eliminar todos los obstáculos que les impidan el acceso a los servicios de salud que necesitan: entre ellos, la criminalización del aborto.


Se estima que en Argentina se realizan un promedio de entre 486.000 y 522.000 abortos clandestinos al año (lo que equivale a más de un aborto por cada dos nacimientos). En este sentido la OMS sostiene que cuanto más restrictiva es la legislación sobre el aborto, mayor es la probabilidad de que éste no sea seguro y cause la muerte.

Por esto, podemos decir que están decidiendo en recintos cerrados, con papeles, números, alejados del conflicto sobre nuestros cuerpos a los que matan, humillan y enajenan de la sociedad. La denegación de los derechos sexuales y reproductivos es violencia constitucional de genero.


LA PENALIZACIÓN DEL ABORTO ES UN TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE.

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